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Amnistía Internacional denuncia asesinatos y torturas en Venezuela

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La organización de Derechos Humanos publicó este martes un informe en el que se alarma por los abusos cometidos por la policía, grupos progubernamentales y manifestantes en medio de las protestas opositoras, estimando que Venezuela enfrenta las peores amenazas al estado de derecho en las últimas décadas. La ONG hace un llamamiento al diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y sus detractores.

“De acuerdo a información recibida por Amnistía Internacional (AI), las fuerzas de seguridad del país han recurrido al uso de fuerza excesiva, incluyendo armas de fuego, y hasta han torturado a manifestantes”, señala un informe publicado este martes por Amnistía Internacional.

En el documento, titulado “Venezuela: Los derechos humanos en riesgo en medio de protestas”, la ONG considera que “Venezuela se arriesga a afrontar una de las peores amenazas al estado de derecho de las últimas décadas, si las diversas fuerzas políticas no se comprometen a respetar los derechos humanos completamente”.

El trabajo de AI también hace hincapié en “abusos a los derechos humanos cometidos por grupos progubernamentales, manifestantes e individuos no identificados”.

Para ilustrar los abusos, AI presenta en su nota de prensa dos testimonios. “El 19 de Febrero, Geraldine Moreno, una estudiante de 23 años, participó en una manifestación en la ciudad de Valencia. Un oficial de la Guardia Nacional presuntamente disparó una escopeta de balas de caucho en su cara desde una distancia de apenas 30 centímetros. Geraldine murió en el hospital tres días después”.

Otro ejemplo: “Daniel Quintero, un estudiante de 21 años, fue detenido por oficiales de la Guardia Nacional después de haber participado en manifestaciones en contra del gobierno en la ciudad de Maracaibo el 21 de Febrero. Fue golpeado repetidamente y dice que un comandante de la Guardia Nacional amenazó con quemarlo vivo”.

AI recalca que 37 personas han muerto y más de 550 han resultado heridas, al menos 120 por armas de fuego. De los 2.157 detenidos, la gran mayoría fue liberada pero continúan enfrentando cargos, de acuerdo con la Fiscalía.

En este contexto, Erika Guevara Rosas, portavoz para las Américas de AI, hace un llamamiento al diálogo entre las partes y pide una investigación a las violaciones de los derechos humanos. RFI

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