El título de la nota va con humorada, y es que desde anoche, la policía en conjunto con el ejército han realizado un operativo para incautar 2.000 armas «de colección» a uno de los coleccionistas reconocidos en Américalatina.

Al menos 2.000 armas, según fuentes policiales, fueron incautadas esta madrugada por la Policía uruguaya en una lujosa casa del barrio de Carrasco, en la capital, Montevideo, propiedad de un amigo del presidente del Tribunal Supremo, en un operativo que movilizó a personal del Ejército, la Dirección de Inteligencia y la Guardia Republicana.

   El registro se produjo por orden de la jueza penal Graciela Eustaquio, a raíz de una denuncia presentada ayer por un particular ante la Policía sobre la existencia de «un importante arsenal de armas».

   El propietario de la finca tenía en su poder armas de gran calibre, como fusiles de asalto AK-47, metralletas Thompson 45, M1, AR15, fusiles del Ejército y hasta armas antitanque, señalaron al diario uruguayo ‘El País’ las fuentes policiales.

   El denunciante comunicó a la Policía que muchas de estas armas no estarían registradas, ya que por sus características, no lo permite la normativa vigente ni lo acepta la dependencia del Ejército que realiza el registro de armas, según el diario.

   La operación fue de tal magnitud que en el lugar se llegaron a personar el Director Nacional de Policía, Julio Guarteche, y el general José Bonilla, secretario de la División de Inteligencia, quien confirmó que «el dueño de la vivienda es un coleccionista y dentro de la misma hay muchas armas».

   La identidad del propietario no se ha confirmado pero sí se sabe que es amigo del presidente del Tribunal Supremo de Uruguay, Jorge Larrieux. «Se trata de una persona mayor con problemas de salud y que estaba solo en la casa al momento del allanamiento», dijo Larrieux a ‘El País’, aunque se excusó de hacer otros comentarios en virtud de que está actuando en el caso una sede penal.

Abogada dice que operación es digna de un Estado Totalitario

La abogada Beatriz Scapusio, amiga del coleccionista -que es propietario de una barraca de maderas y posee negocios agropecuarios- dijo a El País que el allanamiento y posterior incautación fue «digno de un Estado totalitario» y por tal motivo adelantó que pedirá la nulidad de este procedimiento.

«Nada de lo que incauten es válido. Si aparece algo más que no sea armas o armas no declaradas, ¿qué control tengo yo?», dijo la abogada. Scapusio agregó que su cliente es el segundo coleccionista de armas más importante de América Latina. Incluso, varios coleccionistas del continente se comunicaron con el denunciado para manifestarle su solidaridad, así como para ponerse a las órdenes.

«Se trata de un procedimiento patético y violatorio del derecho penal democrático dirigido por una jueza contra la que voy a tomar las acciones legales pertinentes porque le dio curso a una denuncia infundada sin saber si se trataba de un coleccionista, sometiéndolo a él y a toda su familia al escarnio público», dijo Scapusio, quien actualmente ejerce como abogada, docente de derecho penal y durante 35 años fue fiscal.