Human Right Watch (HRW) invitó a las organizaciones venezolanas Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) yEspacio Público a una reunión en Washington para discutir el estado actual de Venezuela.

En el encuentro, difundido por Voz de América, el director de la organización, José Miguel Vivanco, denunció que «el aumento de poder» del gobierno de Nicolás Maduro amenaza «la autonomía de las instituciones» en el país, pero recalcó que aún es «más preocupante la falta de acción de los países de la región».

«La actitud de los países latinoamericanos es decepcionante. Se han ido deteriorando los valores, esos principios básicos. (…) Los gobiernos se mueven por intereses, no se mueven por valores, la mayoría de las veces, marcados por decisiones económicas, comerciales, mercantiles o geopolíticas», dijo Vivanco.

Carlos Correa, líder de la organización Espacio Público, aseguró que son los mismos venezolanos quienes deben resolver los problemas. Sin embargo, remarcó: «La ayuda internacional es fundamental».

«NO ESTAMOS PIDIENDO QUE HAGAN NADA EXTRAORDINARIO, SINO UN GENUINO COMPROMISO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS», EXPLICÓ

Marino Alvarado, presidente de la organización Provea, lamentó además el deterioro de los derechos humanos en áreas tan básicas como la libertad de expresión. Alvarado identificó una censura a los medios de comunicación en general, «tanto a canales de televisión como a medios en internet», incluso aseguró que en las últimas semanas «el gobierno ha perseguido hasta a los tuiteros» que escriben insatisfechos por la gestión de Nicolás Maduro.

Lilian Ortega, del Cofaciv, sostuvo que «América Latina ha sido tímida en su respuesta a las violaciones de derechos humanos en Venezuela».

«Nos queda la esperanza, pero también vimos, por primera vez en los últimos 15 años, un descontento social por la situación económica que se vive en el país. Ese podría ser el detonante para un cambio», advierte Ortega.

Las movilizaciones contra el gobierno de Maduro comenzaron de manera espontánea a principios de febrero de este año, cuando miles de personas sintieron que era insostenible la vida en Venezuela: exigían seguridad (por losaltos índices de homicidio, propios de países en guerra), una salida a la crisis económica (con una inflación anual que superó el 55% en 2013 y un evidente desabastecimiento de productos básicos) y por mayor apertura democrática.