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Carta remitida por la Confederación de Cámaras Empresariales al Presidente Dr. Tabaré Vázquez

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Les mostramos una copia de la carta remitida por la Confederación de Cámaras Empresariales al presidente Dr. Tabaré Vázquez el pasado 12 de junio…

Montevideo, junio 12 de 2017
Dr. Tabaré Vázquez
Presidente de la República
Presente

 

CC: Consejo de Ministros
De nuestra mayor consideración,

En los próximos días se iniciará el proceso para la aprobación de una nueva Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al año 2016. El sector privado visualiza esta instancia como una oportunidad para introducir medidas orientadas a reducir el gasto público, con el fin de abatir el déficit.

La política fiscal ocupa un rol central dentro de la gestión macroeconómica, y tiene consecuencias directas en los agentes y en la asignación de recursos. La escasa monetización de nuestra economía limita la eficacia estabilizadora de la política monetaria, lo cual hace de la política fiscal el ancla de la estabilidad macroeconómica.

El déficit fiscal hace varios años oscila entre el 3,5% / 4%. Durante el reciente período de desaceleración económica, se decidió no bajar el gasto público para no exacerbar la baja del ciclo, política que ya no tiene sentido sostener. Aún con reactivación y crecimiento lentos, se hace indispensable ajustar el gasto y equilibrar las finanzas públicas, encauzar el endeudamiento a una trayectoria sostenible, limitando las distorsiones que provoca el permanente déficit fiscal.

El gasto público, que ha crecido sistemáticamente por encima de la producción, debe ser abatido y reordenado. Los recursos asignados a la Administración Central deben ser estudiados cuidadosamente y racionalizados.

Nos preocupa el incumplimiento de las proyecciones financieras vinculadas a la evolución del resultado fiscal. El déficit presupuestado para 2005-2009 no mostró desvíos tan relevantes, pero en el período 2010 y 2015 se perdió la disciplina fiscal, verificándose desvíos significativos. En lo que va del actual período de gobierno (2015 y 2016), otra vez el déficit fiscal resulta mayor al previsto y sigue en niveles elevados.

 

 

Proyecciones y resultados fiscales

Como resultado, desde 2011 la política fiscal adoptó un sesgo expansivo que tuvo tres tipos de efectos: (i) resignó el rol de estabilizador cíclico, generando presiones inflacionarias y contribuyendo a la apreciación del Tipo de Cambio Real, (ii) se utilizaron las tarifas públicas para evitar un mayor desequilibrio fiscal, cuyos aumentos fueron absorbidos por consumidores y el sector productivo, (iii) se desplegaron medidas de ajuste fiscal, impactando negativamente en la demanda en la fase baja del ciclo económico.

El sector público agotó su margen de reacción para contrarrestar la desaceleración de la actividad con acciones contracíclicas (ej: un shock de infraestructura o una rebaja impositiva), e introdujo correcciones que afectaron directamente la demanda interna (reducción de la inversión pública y aumento de impuestos). Con una elevada inflación y por la necesidad de recaudar fondos para financiar el presupuesto nacional, los sectores productivos perdieron capacidad de competencia. La distorsionada evolución de los precios de los bienes transables con relación a los no transables así lo evidencia, generando una dinámica que no es sostenible en el tiempo.

En este marco, creemos necesario promover y estimular instancias de debate en el ámbito académico sobre el eventual diseño e implementación de una regla fiscal, con el objetivo de favorecer la gestión macroeconómica, limitando la discrecionalidad en el manejo de las finanzas públicas.

El crecimiento del gasto público también tiene un vínculo con el aumento de funcionarios. Sería necesario suspender nuevos ingresos en la Administración Central, en los Organismos del artículo 220 y en las Intendencias Municipales, al menos hasta que se corrija el resultado de las cuentas públicas.

En cuanto a los desvíos fiscales asociados a los resultados de las empresas públicas, consideramos importante avanzar en modificaciones normativas que obliguen a introducir mejores prácticas de gobierno corporativo, evitando descalabros financieros como el de ANCAP, que perjudican a toda la sociedad. Promocionar la especialización, transparencia, profesionalización en la conducción y supervisión de la dirección, son factores claves para el éxito de una mejor gestión. Sería necesario establecer previamente metas de contribución, criterios de distribución de dividendos y prioridades para inversiones, facilitar y proveer información sobre riesgo fiscal mediante informes sobre pasivos contingentes, así como jerarquizar el rol de control del Tribunal de Cuentas.

También debe instrumentarse un sistema de fijación de tarifas más transparente, con esquemas de precios competitivos a nivel internacional, de forma de no trasladar sobrecostos a la producción nacional. En particular, y en el corto plazo, debe ajustarse el precio del gas oil, que registra una distorsión respecto a la paridad de importación del orden del 30%, afectando en mayor o en menor medida a todas las cadenas productivas, directa o indirectamente. De igual forma, deben reducirse las tarifas de la energía eléctrica a niveles competitivos internacionalmente, siendo que también tienen una importante incidencia en los costos de producción de las empresas.

Por su parte, debería replantearse la existencia de sociedades anónimas colaterales a las empresas públicas, que son patrimonialmente estatales pero operan en el ámbito privado, para analizar cuánto convienen, y cuál es el sistema más efectivo para su control. Su creación debe surgir del Poder Ejecutivo, ser aprobadas por el Poder Legislativo y el contralor quedar en manos de los organismos del Estado correspondientes. Las autoridades de estas empresas deberían seleccionarse con procedimientos técnicos y no políticos, y su actuación controlada adecuadamente. Creemos que muchas de las actuales sociedades de este tipo deberían ser eliminadas.

Se deben mejorar los controles sobre la actividad del BPS, ya que absorbe gran porcentaje de los recursos sociales. Somos una población envejecida que requiere cada día de más servicios. Por lo que habrá que encarar el análisis del aumento de recursos que demanda, profundizar el funcionamiento del sistema de ahorro previo, tener alternativas para atemperar el impacto fiscal negativo que provoca el aumento de jubilaciones correlacionado con la evolución de los salarios, con la excepción de las jubilaciones sumergidas, eliminar beneficios sin contraprestación, estudiar el aumento de la edad de retiro y dimensionar la eficacia real del sistema global. Además, los egresos del FONASA deben ser racionalizados y todo nuevo servicio social debe ser analizado de acuerdo a la capacidad de la economía para absorberlo.

Nos preocupan los magros resultados educativos, aun cuando se han aumentado los fondos asignados. Si se generaran ahorros en áreas menos estratégicas podrían orientarse a la educación, apuntalando sustancialmente las competencias de los futuros trabajadores, condición indispensable para un bienestar integral y sustentable. La decisión de aumentar los recursos destinados a la enseñanza, acompañada de metas concretas en el mediano plazo, contará con nuestra cooperación.

El aumento del gasto público ha traído aparejado, además, un persistente crecimiento de la carga impositiva. Lo que es más, la acumulación de déficit de los últimos años y las dificultades para contener el gasto público generan una señal para el sector privado de que en el futuro los impuestos seguirán aumentando, o que las tarifas públicas seguirán desalineadas respecto a otros países, aspectos que influyen necesariamente en el clima de inversión.

En relación al sistema tributario, las Cámaras nos oponemos a que se introduzcan nuevos impuestos. Por el contrario, bregamos porque baje el gasto público y se creen las condiciones para bajar las tasas de algunos impuestos, particularmente los más distorsivos de la actividad productiva, o los que gravan el trabajo como los aportes patronales a la seguridad social. En este sentido, debe tenerse en cuenta que intencionalmente hace años que prima una tendencia a la reducción de las tasas del impuesto a la renta empresarial, como forma de promover la inversión, por lo que Uruguay no puede transitar un camino contrario como ha venido ocurriendo, proceso que algunos sectores de la sociedad proponen profundizar. El sector privado no soporta más impuestos, ni aumentos de tasas de los existentes. La realidad indica que los niveles de rentabilidad se han visto afectados significativamente en casi todos los sectores, cuyas consecuencias las estamos notando, por ejemplo, en la destrucción sistemática de puestos de trabajo y el aumento del desempleo.

Debemos darle condiciones más favorables al desarrollo de las MiPymes. Actualmente las grandes empresas son las que hacen un uso más intensivo de las exoneraciones a la inversión a través de las declaratorias de interés nacional, o de la utilización del régimen de zonas francas. Pensamos que hay que crear mecanismos más eficaces para que las MiPymes puedan crecer, en condiciones equitativas a las empresas grandes. En ese sentido, sugerimos que se eleven los topes para el pago de IRAE en forma ficta, a niveles más parecidos a los que rigen en países de la región, y de esa forma bajarles la carga impositiva facilitándoles su operativa.

En cuanto a la Ley de Inversiones, creemos que se ha constituido en un importante instrumento de promoción de la inversión en el país. Consideramos que el Decreto 02/2012 y sus normas relacionadas no deben modificarse ni complejizarse aún más, ni deben retacearse los beneficios que se otorgan. Por el contrario, la coyuntura actual demanda los mayores esfuerzos de todos por captar inversión, y principalmente para darle condiciones de competitividad a quienes apostaron por nuestro país en los últimos años. Un aspecto que consideramos debe mejorarse del régimen es el informativo, pues se divulgan los montos potencialmente promovidos pero no los efectivamente aprovechados por las empresas, siendo que estos últimos son menores. Lo anterior confunde a la ciudadanía y sobredimensiona la renuncia fiscal que hace el Estado para favorecer la inversión, el empleo y los demás aspectos que promueve este instrumento.

Estas ideas están alineadas principalmente a lo que es nuestra visión sobre el sector público, que debe ser robusto y eficiente, tanto en la prestación de servicios básicos como en el aseguramiento del buen funcionamiento de los mercados, permitiendo el mayor espacio para el desarrollo del sector privado que es el principal generador de riqueza de una nación.

Agradecemos que nuestros planteos sean considerados por el gobierno que Ud. preside, y quedamos a disposición para encontrarnos a intercambiar ideas al respecto.
Atentamente

 

 

Ing. Agr. Diego Balestra

Presidente

 

  • Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU)
  • Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (ANDEBU)
  • Asociación Nacional de Micro y Pequeña Empresa (ANMYPE)
  • Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU)
  • Asociación Rural del Uruguay (ARU)
  • Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU)
  • Cámara de la Construcción del Uruguay
  • Cámara de la Industria Frigorífica
  • Cámara de Industrias del Uruguay (CIU)
  • Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU)
  • Cámara del Transporte
  • Cámara Nacional de la Alimentación (CNA)
  • Cámara Uruguaya de Turismo (CAMTUR)
  • Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI)
  • Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (CAMBADU)
  • Centro de Navegación
  • Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU
  • Coordinadora de la Industria de la Construcción del Este
  • Cooperativas Agrarias Federadas
  • Federación Rural del Uruguay
  • Intergremial de Transporte Profesional Terrestre de Carga del Uruguay (ITPC)
  • Liga de la Construcción del Uruguay
  • Liga de Defensa Comercial


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