Apenas quince horas después de que los 16 senadores del oficialista Frente Amplio (FA) levantaran su mano y de esa manera convirtieran en ley la regularización del mercado de la marihuana, la Junta Internacional de Control de Estupefacientes (JIFE), órgano jurisdiccional superior perteneciente a la Organización de Naciones Unidas (ONU), advirtió con severidad al gobierno uruguayo de que la norma viola tratados internacionales, a los que el país ha adherido.
La JIFE, cuya función es fiscalizar el cumplimiento de los tratados y convenciones vinculadas a drogas y recabar información para actualizar los listados de drogas prohibidas por la ONU, ya había hecho una observación similar el 1 de agosto, luego de que la Cámara de Diputados diera media sanción a la iniciativa.
En una nota emitida en Viena, el presidente de la JIFE, Raymond Yans, manifestó su “sorpresa” al conocer que “un gobierno que es un socio activo en la cooperación internacional y en el mantenimiento del Estado de Derecho internacional, haya decidido deliberadamente ignorar las disposiciones legales universalmente acordadas”.
Lamentó que con la ley “Uruguay contravenga la Convención de 1961 sobre Narcóticos”, de la que forma parte. “El objetivo principal de ese tratado es proteger la salud y el bienestar de la humanidad. El cannabis está sometido a control por la Convención de 1961, que exige a los Estados limitar su uso a fines médicos y científicos, debido a su potencial para causar dependencia”, indicó Yans. “La decisión del legislador uruguayo no tiene en cuenta su impacto negativo en la salud, ya que los estudios científicos confirman que el cannabis es una sustancia adictiva con graves consecuencias para la salud de las personas”. Destacó además que, “en particular, el uso y abuso de cannabis por parte de los jóvenes puede afectar gravemente su desarrollo”. En base a Clarin (Guillermo Pellegrino)
