En diálogo con En Perspectiva de El Espectador, Didier Opertti, excanciller y doctor en Derecho, comentó las implicancias jurídicas que rodean la decisión de Mujica.

Los prisioneros que vendrían a Uruguay están confinados en Guantánamo desde el año 2002. Para capturarlos Estados Unidos se basó en sospechas referidas a vínculos con la red terrorista Al Qaeda. De todos modos, pasada una década no recibieron condena y ni siquiera se les ha entablado un proceso penal.

Si bien Mujica señaló que el grupo recibirá a su llegada la condición de «refugiados», la situación de «limbo» legal en la que hoy se encuentran hace que resulte especialmente compleja la fórmula a manejar para recibirlos.

Al respecto, Opertti emitió su juicio y comentó que si el planteo de Obama hubiese arribado en tiempos de su gestión como canciller, habría «considerado, primero, las bases políticas, jurídicas e institucionales».

«Es un planteo absolutamente sui generis, totalmente fuera de los marcos normativos actuales (…) con Estados Unidos tenemos un acuerdo bilateral desde 1994», mencionó, en alusión al acuerdo «de cooperación en materia penal».

Por otra parte, señaló, «tenemos un acuerdo multilateral firmado en Managua desde 1993». «En ambos acuerdos, no hay ninguna norma que contemple la situación frente a la que nos encontramos», agregó.

Ante la figura jurídica de «refugiado», Opertti resaltó que los prisioneros «son personas retenidas, no procesados, retenidas en una suerte de averiguación sin límite temporal». En ese punto, dijo, «hay una gran confusión».

En su concepción, amparada en el Derecho Internacional, el refugiado «es una persona perseguida o cuya vida corre peligro en el propio territorio nacional». «Aquí no hay tal caso, es una isla arrendada parcialmente por un tercer país (…) hay simplemente una zona de retención», completó.

Sobre la promesa de Obama y la difícil empresa que promueve ante el desalojo de la prisión de Guantánamo, Opertti indicó que «Estados Unidos lo que tiene que hacer es muy sencillo: ponerlos en libertad». Pese a ello, «tiene problemas de carácter interno, propios del país, el control que ejerce el Senado en este tipo de decisiones sobre personas en las que pesa la presunción de terrorismo».

En síntesis, Opertti se refirió a la actual situación en los siguientes términos: «No es una situación contemplada en norma alguna, no es una situación en la que estas personas estén totalmente liberadas, por lo que Uruguay y los países que se comprometan a recibirlos estarían en definitiva haciendo una suerte de Guantánamo aliviado, si se quiere, moderado».

Opertti no olvidó la raíz que motivó la decisión de Mujica, el perfil humanitario de la resolución. «Los Derechos Humanos tampoco pueden escapar en materia internacional a la relación entre Estados, no hablamos de personas que muestran su convicción solidaria, sino de Estados que se relacionan mediante convenios y tratados», dijo.

Por su parte, consultado sobre las condiciones impuestas por la administración de Obama, Opertti aseguró que, desde su perspectiva, «si Estados Unidos desea sacar a estas personas de Guantánamo tendrá que aceptar que han sido retenidas indebidamente». Estados Unidos, añadió, «debería lograr que algunos países estén dispuestos a aceptarlos bajo las condiciones de la ley inmigratoria (…) pero no en una forma negociada».

«Me parece insólito», opinó sobre la posible retribución del gobierno estadounidense. «Si estamos en el terreno del refugio, como se dice, el refugio no tiene precio; si estamos en el terreno de una suerte de cooperación interesada, estamos en otro terreno», expresó.

En el cierre, el excanciller abrió el frente político de la cuestión: «Se abre un debate político muy importante, un debate esencial: si Uruguay debe contribuir o no». «En todo caso, me parece claro que estamos en una suerte de limbo jurídico en el cual para salir es necesario sortear los inconvenientes desde el punto de vista jurídico», concluyó.