El semanario Búsqueda publicó este jueves que el Poder Ejecutivo, a través de la Cancillería, habría iniciado las gestiones correspondientes para que los tres militares uruguayos condenados por «Caso Berríos» vuelvan al país, aunque uno de los militares dijo que desconocía estas gestiones.
Los tres militares uruguayos condenados en 2010 por secuestro y asociación ilícita en el caso Berríos, junto a otros once militares chilenos, podrían ser extraditados, según informó Búsqueda.
El argumento para que Eduardo Radaelli, Tomás Casella y Wellington Sarli regresen a Uruguay sería que no pueden ser imputados por un delito distinto al que fueron imputados cuando los extraditaron.
El Tribunal de Apelaciones de Chile aumentó las penas el año pasado y los condenó bajo la carátula de delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles, y que es un motivo distinto por el el que fueron extraditados.
Sin embargo, en declaraciones a «Pisando Fuerte», de Metrópolis FM, el teniente Radaelli dijo que no estaba enterado sobre las negociaciones que mantiene el gobierno uruguayo y que se contactaría con sus asesores legales para interiorizarse al respecto.
«Su abogado, Amadeo Otatti, trabaja ahora en el caso tras la resolución de un Tribunal de Apelaciones que entendió que el caso es calificado dentro de los delitos de lesa humanidad, y por ello es imprescriptible», informó Montevideo Portal este jueves.
En noviembre de 2013, las penas de los tres militares uruguayos aumentaron, respecto a la condena que habían recibido tres años antes.
De esta manera, el coronel retirado uruguayo Tomás Casella, fue había sido condenado en setiembre de 2010 a 5 años y un día por secuestro y 3 años y un día por el delito de asociación ilícita, tiene ahora una condena a 15 años de prisión.
Mientras que el coronel Wellington Sarli tiene una condena de 5 años como cómplice del secuestro de Berríos (en lugar de los 3 años de la condena de 2010), y a su par Eduardo Radaelli, una pena por 10 años (en lugar de los 5 años iniciales), según informó el Poder Judicial chileno.
Eugenio Berríos fue un agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de la dictadura de Pinochet (1973-90), a la que se le atribuye la mayoría de las 3.000 víctimas que dejó el régimen.
Berríos fue responsabilizado de la fabricación en Chile del denominado gas sarín que fue usado contra los opositores del régimen. Su cadáver apareció en una playa de El Pinar en 1992, cuatro años después de huir de Chile para eludir investigaciones en su contra.
Otros 11 militares chilenos fueron condenados en 2010 como autores materiales, intelectuales y cómplices del secuestro y asesinato. La decisión del tribunal puede ser apelada ante la Corte Suprema, se informó.
Estos militares se encuentran retenidos en Chile desde hace 7 años en régimen de libertad ambulatoria pero no pueden trabajar ni dejar el país. UyPress
