Los especialistas en derecho tributario Leonardo Costa, de Brum Costa Abogados, y Marcelo Casciotti, de Posadas, Posadas & Vecino, participaron en la conferencia “Incentivos y restricciones al desarrollo de la industria financiera en zonas francas. Política actual y reglamentaciones vigentes”, organizada la Cámara de Zonas Francas del Uruguay (CZFUY).

 

Durante el encuentro, los expertos analizaron los cambios que se registraron en la regulación de la actividad financiera en Uruguay, implementados a partir de los lineamientos propuestos por asociaciones y organismos internacionales como el G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

 

Asimismo, los disertantes plantearon la necesidad de que la tarea de supervisión que lleva adelante el Banco Central del Uruguay (BCU) tome en cuenta las diferentes realidades de las empresas que brindas servicios financieros.

 

En este sentido, Costa señaló que  se debe colaborar con la autoridad monetaria para  implementar un modelo de supervisión basada en el riesgo, que contemple el hecho de que “no todos los clientes son iguales y no todos los supervisados son iguales”.

 

Casciotti, por su parte, sostuvo que sería positivo que el BCU brindara un trato “más personalizado” a las empresas financieras y que publicara las consultas que se realizan, lo que otorgaría mayor transparencia a la tarea de supervisión.

 

El especialista también advirtió que una regulación “superabundante” podría “matar el negocio”, y de esta forma Uruguay desaprovecharía la ventaja que tiene sobre otros países de la región por su experiencia en el ámbito financiero.

 

Asimismo, Casciotti señaló que hasta ahora los asesores de inversión no han sido inspeccionados de manera masiva, pero en el futuro van a recibir “más inspecciones”, por lo cual recomendó “poner la casa en orden”, para cumplir con la normativa que previene el lavado de activos.

 

Por otro lado, Costa comentó que los nuevos controles y exigencias incluidos en el proyecto de ley de Zonas Económicas Especiales, referidos a la presentación de contratos detallados por parte de las empresas que desarrollan actividades en las actuales zonas francas, representan una “adaptación de sustancia” a los efectos de la OCDE.

 

A su vez, señaló que el establecimiento de estas exigencias con rango legal permitirá al gobierno “defender mejor” el régimen en el exterior. “Esta medida prestigiará al sistema, pero es importante que los controles se realicen a través de mecanismos ágiles”, afirmó Costa.