La Asociación Nacional de Afiliados (ANDA) se movilizará el jueves, a partir de las 11 horas frente al Palacio Legislativo, para reclamar a los senadores que modifiquen dos artículos del proyecto de ley de Inclusión Financiera, cuya aprobación está prevista para ese día.
“Con este proyecto de ley tal como está redactado en algunos de sus artículos, se produce un desplazamiento a nuestra institución, que verá limitadas sus posibilidades de hacer retenciones, lo que a su vez repercutirá en los créditos. Hay miles de uruguayos cuya única garantía para acceder a un crédito es su salario. Tenemos más de 230.000 afiliados que en su gran mayoría tienen ingresos entre $ 10.000 y $ 20.000. Esto va a limitarlos”, apuntó el presidente de ANDA, Washington Almada.
El proyecto de ley de Inclusión Financiera determina que el pago de salarios y pasividades se realizará en instituciones bancarias o emisoras de dinero electrónico. Los trabajadores y pasivos contarán con una tarjeta de débito, o prepaga, para realizar sus compras de bienes y servicios, o retiros de dinero en cajeros automáticos.
Se prevé la existencia de créditos de nómina que serán concedidos por las instituciones bancarias con el beneficio de poder descontar con prioridad del sueldo o pasividad los citados créditos. Almada apuntó que esto “coloca en una situación de clara ventaja a los bancos, que ya tienen el 50% de los pagos de salarios y que seguramente con esta normativa, llegarán al 90%”.
ANDA objeta que en el momento de establecer las prioridades de retención, en el artículo 32 del Proyecto de Ley, la institución queda desplazada en su facultad de retención de haberes por los créditos que concede, y por ello solicita que tanto ANDA como otras instituciones de la economía social mantengan su prelación de descuentos de salarios y pasividades.
El segundo artículo que cuestiona ANDA corresponde al aumento del mínimo intangible del salario, más por su efecto que por su conceptualización, ya que eleva el tope del 30% al 50% y los jubilados y trabajadores de ingresos medios bajos y bajos que requieren del crédito no podrán afectar en garantía su salario, por lo que el efecto será que accederán a créditos más onerosos.
La institución, que el jueves cerrará las puertas de todas sus sucursales por primera vez en 80 años para permitir que los trabajadores concurran a la manifestación del Palacio Legislativo, está decidida a hacer un último esfuerzo para lograr un cambio en la opinión de los legisladores. Almada destacó que las modificaciones solicitadas “no afectan el espíritu de la norma”. “Nosotros compartimos los objetivos generales del proyecto pero entendemos que una ley de inclusión financiera debe tener en cuenta servicios como las garantías de alquiler y la atención a la salud. Las instituciones sin fines de lucro, como ANDA, no deberían tener el mismo tratamiento que otras entidades que persiguen fines de lucro”.
El reclamo que el jueves llevará a la institución a la explanada del Palacio Legislativo será acompañado por los trabajadores. ANDA brinda trabajo directo a 1.200 funcionarios, que temen que su fuente laboral pueda verse afectada por las dificultades financieras que la nueva norma traerá a la institución si no se establecen modificaciones.
“ANDA es garante de 30.000 contratos de alquiler en todo el país, tenemos 39 clínicas odontológicas y un servicio médico donde se desempeñan 373 funcionarios de la salud. Lamentamos el perjuicio que podemos causar a nuestros socios al cerrar nuestras puertas en todo el país el jueves pero nos sentimos en la obligación de defender las instituciones de la economía social, que le hacen tanto bien al país y entre las cuales, ANDA es pionera”, concluyó Almada.