Ante la situación que está viviendo la sociedad uruguaya en su conjunto y especialmente la  educación, Eduy21 asume el compromiso de compartir con las autoridades y con la sociedad  civil en su totalidad, una serie de consideraciones y propuestas. 

La infancia y adolescencia se han visto fuertemente afectadas por la Pandemia de COVID -19 a nivel físico, emocional y social. Esta situación se ve particularmente agravada en aquellos  sectores que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social. 

En nuestro país las medidas gubernamentales tomadas contra el COVID, las fortalezas del  sistema de salud, la buena capacidad de testeo y rastreo epidemiológico, sumado a la educación  cívica y el compromiso de la población, han permitido que la epidemia se mantenga bajo relativo  control. 

En el mes de agosto el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) recomendó el incremento de  la presencialidad en educación inicial y escolar. Desde esa fecha se ha venido ratificando por  parte de los científicos, que la diseminación de la infección entre los menores de 12 años es baja,  y que incluso cuando no concurren a clases tienen mayor contacto con adultos, muchas veces,  de riesgo.  

En el mismo sentido el Director del Instituto Pasteur Carlos Batthyány advirtió sobre “el error de tomar de rehenes a quienes siempre están al final de la cadena de contagios”. 

Demandas y desafíos de la educación en este contexto.  

El mes de abril el Comité de los Derechos del Niño instó a los Estados a considerar impactos  sanitarios, educativos, económicos y recreativos. Solicitando también que el aprendizaje en línea  no profundice las desigualdades ni reemplace la interacción alumno-maestro. 

En consonancia, la Sociedad Uruguaya de Pediatría recomendó el regreso de niños y niñas a las  clases presenciales, entendiendo que la escuela es un factor protector contra otros problemas  de salud vinculados a aspectos emocionales, el trastorno de sueño o la obesidad. 

Por su parte UNICEF solicitó a los países, realizar los mayores esfuerzos para el retorno de los  niños, niñas y adolescentes a los centros educativos, atendiendo al impacto negativo que la  inasistencia ha causado a nivel de salud física y mental, nutrición, seguridad y aprendizajes.  

Es necesario también tener en cuenta la encuesta docente implementada en el mes de julio en  nuestro país por ANEP, en donde se recogieron valoraciones centradas en el período de  suspensión de las clases presenciales. Allí se evidencia según los maestros, que solo el 50% de 

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los alumnos participó de manera activa de las propuestas educativas. Por su parte los profesores  identifican que en educación media el promedio de participación activa fue de un 49%. 

La continuidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el marco de la pandemia enfrenta  desafíos vinculados a las posibilidades de acceso a las plataformas digitales, la formación  docente para el desempeño en entornos virtuales o el manejo de la simultaneidad presencialidad virtualidad, a las capacidades familiares para acompañar la educación a distancia, y a las  estrategias de los centros educativos para ampliar la presencialidad.  

¿Cómo avanzar en este contexto? Aportes para el desarrollo de la educación presencial y  la transformación del sistema educativo. 

Desde Eduy21 entendemos que, en el marco del respeto por las medidas sanitarias tomadas por  las autoridades, es imprescindible avanzar hacia la plena presencialidad de niños, niñas y  adolescentes, en los centros educativos de educación formal. 

Esto tiene razones fundamentales. 

1. Asegurar el derecho a la educación y el cuidado de toda la población infantil y juvenil del  Uruguay. 

2. Apoyar a las familias que ven sensiblemente afectada su calidad de vida en este contexto  de pandemia. 

La labor del plan Ceibal sumada a la conectividad del país y las acciones llevadas adelante por  las autoridades, han permitido dar continuidad a través de plataformas digitales, a la tarea  educativa en tiempos de pandemia.  

Jardines, escuelas, liceos y escuelas técnicas, hoy, están abiertos con distinta frecuencia de  presencialidad. Esta situación también fue posible por gran compromiso llevado adelante  especialmente por maestras, profesores, educadores y directores de los centros educativos, que  desde el 13 de marzo han asumido el compromiso de sostener la educación pública, aprendiendo  a desarrollar estrategias no presenciales de enseñanza, dialogando con las comunidades de  padres y, sobre todo, convirtiéndose en sostenes afectivos y cognitivos para cientos de miles  alumnos. 

Sin embargo, es necesario hacer visible que la educación en línea no ha llegado a todos y que  se registran situaciones de disparidad en los distintos centros educativos en relación a la  frecuencia de presencialidad, afectándose la continuidad de aprendizajes y la dinámica cotidiana  de las familias. 

En este sentido Eduy21 plantea líneas de acción que entiende, configuran un aporte ante la  situación de emergencia que vive la educación: 

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Acciones de política educativa 

– Creación de Grupo Asesor Educativo Honorario (GAEH), cuyo cometido sea asesorar al  Parlamento y a las autoridades, proponiendo acuerdos amplios para el desarrollo de una  planificación sensible a la situación de pandemia, con propuestas que garanticen el derecho a la  educación de todos los niños, niñas y adolescentes del país. 

Este grupo asesor con foco en la educación promoverá la continuidad de la enseñanza y el  aprendizaje privilegiando la salud, el bienestar y la equidad.  

Desde una perspectiva integral y de inclusión educativa, el grupo asesor buscará articular  ámbitos educativos y propuestas socioeducativas, prestando especial atención a sectores en  situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de afrontar la profundización de la brecha  educativa y los efectos de la pandemia de COVID 19. 

– Generación de un fondo COVID -19 de emergencia para la educación, administrado a través de  un fideicomiso que permita financiar acciones oportunas y efectivas, orientadas  fundamentalmente a la ampliación de capacidades del sistema educativo para sostener la  presencialidad y la revinculación en los centros educativos.  

En un escenario donde se necesitará ampliar los espacios educativos y la proporción de adultos  por estudiante, resulta imprescindible destinar los recursos económicos fundamentales para que  ello sea posible.  

– Desarrollo de las comisiones departamentales de educación. Las mismas deberán hacer un  mapeo general de los recursos edilicios (ya sea de centros educativos como de diversas  instalaciones llevadas adelante por la Sociedad Civil) para que estos puedan ser espacios  adecuados que permitan la presencialidad sostenida, sistemática y permanente en el conjunto de  la educación obligatoria. 

– Creación de equipos que apoyen la revinculación de los niños, niñas y adolescentes en  los centros educativos, apelando a la incorporación de profesionales y estudiantes avanzados  de áreas sociales y educativas para un abordaje comunitario en todo el territorio durante el 2021. 

– Generar mecanismos de consulta que brinden mayores oportunidades para que las  opiniones de las familias y la de los niños, niñas y adolescentes sean recabadas y tomadas  en cuenta en las definiciones que se tomen. 

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Acciones curriculares  

– Reorganización del calendario escolar en bloques bimestrales, donde haya al final de los  mismos evaluaciones claras que den evidencia de los procesos de aprendizaje de cada niño,  niña o adolescente. 

– Incorporación a los espacios de formación docente inicial (institutos magisteriales y de formación  de profesores), de propuestas educativas para el abordaje de la enseñanza en el modelo híbrido  (presencialidad -virtualidad).  

– Incorporación masiva a la formación docente continua de herramientas de trabajo sostenido y  planificado del modelo híbrido. 

– Generación de apoyos a las familias para garantizar el acceso a las condiciones requeridas para  que los modelos híbridos de educación constituyan un instrumento igualador de oportunidades  en las instancias que sea necesario reducir la presencialidad plena en los centros educativos. 

– Tender a la ampliación del tiempo pedagógico en territorios del país en donde se registren los mayores índices de vulnerabilidad social, apelando a una coordinación estrecha con recursos  comunitarios y organizaciones de la sociedad civil. 

– Asegurar el suministro del servicio de alimentación escolar, extendiéndose a educación media  básica.  

Por último, reafirmamos la necesidad de avanzar en el mediano plazo hacia un modelo de  educación con ciclos educativos compactos que supongan una educación básica de 4 a 14 años,  así como una educación de adolescentes y jóvenes de 15 a 18 años.  

La evidencia en el mundo demuestra que este tipo de modelos, ofrecen mayores oportunidades  de continuidad curricular y pedagógica, y que son una vía para superar problemas de  continuidad de aprendizajes entre educación primaria y media, fortaleciendo las posibilidades  de acompañamiento educativo en situaciones de crisis.  

En este contexto, reiteramos que las políticas educativas necesitan de acuerdos nacionales que  incorporen al conjunto de los sectores políticos y recojan el aporte del conjunto de la sociedad  civil y especialmente de los docentes, estudiantes y familias.  

Sostenemos también, que en momentos de dificultades presupuestales como los que vivimos  en la actualidad y que seguramente se mantendrán en el año próximo, la inversión en políticas  sociales y educativas de atención a niños, niñas y adolescentes es una apuesta impostergable  para estos sectores y la sociedad en su conjunto.  Eduy21 “Cambio educativo y educación para el cambio”