La distribución de gas en garrafas se producirá por el acuerdo entre distribuidoras y el sindicato. Un punto clave es que no se abastecerá a los puestos de venta que no estén habilitados.
El presidente de ANCAP, José Coya, señaló en «De ocho a diez» en Radio Uruguay que es necesario que los puesto inhabilitados sean cerrados. Dijo también que «es necesario tener autoridades que tengan autoridad». Al día de hoy el ente fiscalizador es la URSEA pero esta no tiene potestades de clausura de los locales.
El accidente que cobró la vida a un trabajador se dio en un local donde no estaba autorizado la recarga de garrafas. Coya dijo que la recarga artesanal de las garrafas de 3 kilos es un problema a resolver.
«En el caso de Ancap, a través de Ducsa, somos una empresa responsable de estas cosas. Tenemos puestos que no están habilitados pero ha sido un tema de trámites. El asunto de fondo es que el sistema requiere tener autoridades que tengan autoridad y cierren los puestos que tienen que cerrar para que todos estemos tranquilos de que las cosas funcionen bien», afirmó Coya.