Un empresario de Durazno, dueño de un molino y de varios silos, fue procesado con prisión por vender 3.000 toneladas de soja que no eran de su propiedad. La maniobra fue descubierta cuando el dueño de la semilla, que la había enviado a los silos para su acondicionamiento, almacenaje y secado, pretendió retirarla para entregarla a sus clientes, encontrando que la misma había sido comercializada en forma ilegal.

 

Luego de estudiar la documentación presentada por el abogado de la firma, Federico Álvarez Petraglia, la jueza penal Andrea Caamaño hizo lugar al pedido del fiscal Alfredo Ruiz y procesó al empresario por apropiación indebida. Dado el monto de la maniobra, que asciende a US$ 1.500.000, la magistrada resolvió aplicar el artículo 351 del Código Penal y remitir al delincuente a prisión.

 

“La resolución de la Justicia resulta particularmente importante, porque es necesario dejar claro que en los negocios agropecuarios se defiende a quienes trabajan con seriedad. Para la gente del campo, la confianza resulta fundamental. Este tipo de fallos permite mantener la credibilidad del sector”, indicó Álvarez Petraglia.

 

La situación que determinó el procesamiento del acusado, que entre los años 1990 y 1995 fue legislador por su departamento, afectó a una compañía que se dedica a la producción agrícola en los departamentos de Soriano, Río Negro, Paysandú, Durazno, Tacuarembó y Florida. En noviembre de 2013, la empresa acordó el envío de 12.000 toneladas de soja a los silos del hombre procesado para su conservación y secado. La semilla fue remitida en forma gradual entre abril y junio de 2014.

 

Según el auto de procesamiento, el hecho quedó al descubierto cuando llegaron los camiones destinados a cargar las últimas 3.200 toneladas de soja, encontrando que solamente quedaban 220 toneladas. Cuando el dueño de la semilla enfrentó al hoy procesado, “éste admitió que no tenía la mercadería reclamada, que la había vendido, que la estaba tratando de recomprar, pero que se había gastado el dinero y que no disponía de una forma de arreglar el pago”. Ante la Justicia, en cambio, argumentó que el denunciante le había “prestado” la soja y que el acuerdo se hizo “telefónicamente”, lo que fue desestimado por el fiscal y la jueza.

 

Álvarez Petraglia indicó que los delitos cometidos también afectaron a otros productores y a diversas compañías, incluida una que le prestó US$ 1.750.000, tomando como garantía la soja, que no era de su propiedad y que posteriormente vendió. Además de esta causa pendiente, promovida por la empresa Baltic S.A., Álvarez Petraglia realizará una ampliación de la denuncia penal, ya que entiende que hay otras personas implicadas en los delitos cometidos por el empresario, quien utilizaba testaferros y sociedades encubiertas para evitar responsabilizarse por sus actos.

 

“Entendemos que aquí hubo operadores jurídicos que asesoraron a este hombre para permitirle vaciar sus empresas. Además, avanzaremos en la vía civil, ya que quedó suficientemente probado su vínculo con la compañía y su responsabilidad. Este hombre introdujo la incertidumbre en un mercado donde la confianza es un elemento fundamental, afectando a la imagen de un país donde la palabra se respeta”, concluyó el penalista.