Las opiniones de  reconocidos especialistas locales convocados por la Asociación Nacional de AFAP (ANAFAP) fueron incluidas en un documento denominado “Reforma Previsional: visiones, expectativas y futuro”, donde concluyeron que es necesario buscar los acuerdos más amplios posibles para que la reforma pueda perdurar.

El documento, que fue enviado a los integrantes de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), así como autoridades, académicos y referentes políticos, presenta la mirada que tienen sobre el tema el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie; el ex Intendente de Regulación Financiera del Banco del Central del Uruguay (BCU), José Antonio Licandro; el socio de Exante, Pablo Rosselli; la presidenta de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, Virginia Romero; la directora de la Consultora Cifra, Mariana Pomiés; el politólogo y docente universitario Adolfo Garcé; la presidenta de la  Academia Nacional de Economía, María Dolores Benavente; y el coordinador de la Comisión de Inversiones de la Intendencia de Montevideo, Pablo Ferreri.

El presidente de ANAFAP, Sebastián Peaguda, afirmó que el objetivo de la recopilación de los expertos en el tema fue centrarse “en la producción de un documento que materialice la amplitud de posiciones y expectativas respecto de la potencial reforma previsional y hacer una exposición pública de estas, sin suscribir a ninguna de las afirmaciones que se plasman allí”.

Peaguda destacó que “Uruguay es un país reconocido por su estabilidad, el nivel de su democracia, la seriedad de su discusión parlamentaria y por el compromiso con las políticas públicas adoptadas. Desde estas fortalezas es que debemos apoyar y aportar a quienes tienen la responsabilidad de construir un marco para el desarrollo de la seguridad social”.

Los consultados enfatizaron en la necesidad de que no haya aspectos ideológicos fuertes que frenen la reforma. De todas maneras, algunos fueron escépticos de que pueda conseguirse que la oposición la vote en este período.

En este sentido, Benavente destacó la importancia de que haya “conciencia, porque si el objetivo es maximizar la jubilación del trabajador, no puede haber nadie que se oponga”. En la misma línea se pronunció Rosselli, quien afirmó que “si no hay acuerdo es sencillamente porque no hay voluntad política”.

Por su parte, Garcé reconoció que la reforma es más complicada de realizar por la cantidad de intereses de los grupos sociales y los partidos, las restricciones económicas, sociales y políticas que se deben articular y que son de peso a la hora de tomar decisiones. En tanto, Licandro y Pomiés se mostraron escépticos a que pueda haber consensos con la oposición.

Pomiés consideró que solo se van a hacer pequeños cambios que no impactarán notoriamente en el problema de raíz, porque de hacerse “no solo el gobierno tiene que aceptar que va a tener un costo y que la gente se va a enojar, sino que la oposición tiene que aceptar que también va a ir contra los discursos o los intereses más inmediatos de algunos”.

Independencia, factor clave

Uno de los aspectos sobre los que hicieron principal hincapié fue en el desafío de establecer la figura de un ente regulador independiente. Este ente estaría compuesto por profesionales que no estén ligados al mandato electoral y supervisaría todo el sistema jubilatorio, lo que daría un control independiente al sistema previsional en su conjunto, al tiempo que podría hacer un monitoreo constante de si se requieren ajustes o cambios. 

En esta línea, el director de OPP expresó que contar con una figura de este tipo ayudaría a “ver algunos problemas que pueden surgir de loopholes, o sea de cuestiones no previstas”. Alfie aseguró que “contar con personas que miren la situación de manera global, todo el tiempo, es algo bueno”, y agregó que a su entender  debería ser un organismo público más, pero técnico e independiente, que no estaría en el Banco Central y que no respondería al Poder Ejecutivo.

Por su parte, Licandro, afirmó que “el regulador debería preocuparse por la sustentabilidad, por la consistencia en términos de que la cobertura sea lo que debe ser, por la equidad, y obviamente controlar la gestión. Este regulador tiene que ser un regulador fuerte, porque si no lo es,  institucionalmente no va a poder hacer esos controles”.

“ Se necesita una agencia especializada, fuerte institucionalmente, con autonomía y recursos para poder hacer el trabajo con solvencia técnica, y eso en Uruguay no es fácil, porque ninguno de los agentes reguladores que tenemos tiene esa fortaleza técnica, ni siquiera el Banco Central”, aseguró.