Días pasados se conocía que el MSP suprimió la meta prestacional que establecía que los mayores de 65 años tenían derecho a recibir una consulta anual y los mayores de 75 años a tener dos controles al año. Los recursos se destinarán a cargos de alta dedicación.

Se determinó en la Resolución de la Dirección General del Sistema Nacional Integrado de Salud (Digesnis) del MSP del 19 de febrero de 2014, que implica la transferencia de recursos que estaban destinados a prestaciones para los adultos mayores (meta 3) hacia cargos de alta dedicación (meta 4). La meta 3 establecía que los prestadores estimularan que los adultos mayores de 65 años se realizaran un control anual y que los mayores de 75 se hicieran dos. También determinaba el derecho a recibir el carné del adulto mayor cuyo objetivo era resumir la situación de la persona para «facilitar información con los equipos de atención en todos los niveles».

Según explicó el grado 5 de Geriatría y Gerontología, Italo Savio, esto sumado al traspaso de la rectoría y fiscalización de los establecimientos de larga estadía para adultos mayores de la órbita del Ministerio de Salud Pública (MSP) a la del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) revela que los ancianos están excluidos de las políticas públicas, argumento compartido por la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría (Sugg). Ambas instituciones emitieron un comunicado el pasado jueves denunciando la eliminación de la meta 3.

El MSP fue consultado por El País respecto al traspaso de la meta 3 a la 4 antes y después de que los especialistas emitieran su comunicado, pero la persona indicada por la directora Nacional de Salud, Marlene Sica, no respondió a las preguntas por considerarse «técnica» y no «política». Otra transferencia que ha indignado a los expertos fue la que traspasó la rectoría de las residencias de ancianos del MSP al Mides, que fue establecido por el artículo 298 de la última Rendición de Cuentas. Desde enero de este año, la habilitación y clausura de estos hogares depende exclusivamente del Mides. Aunque tanto la sociedad como el departamento de Geriatría afirman que gracias a ellos, la inspección sanitaria de estos hogares sigue dependiendo del MSP, advierten que este cambio puede tener consecuencias graves.

«La escasez de énfasis sanitario en el contralor en los geriátricos, si ya era cuestionable o débil, en la medida que el Estado se desentienda, seguramente va a redundar en que se empobrezca más la calidad de atención de estos medios y eso va a tener consecuencias sobre el sistema de salud porque la gente mal asistida o mal controlada termina con peores condiciones de salud. Para ambas instituciones, esta transferencia profundiza un modelo de encare «exclusivamente social» de los adultos mayores, que debería ser integral. Botta propone que haya un instituto nacional del adulto mayor supraministerial «porque las políticas de ancianidad justamente deben responder a políticas de Estado». La directora del Instituto del Adulto Mayor, Adriana Rovira, dijo a El País que desde el Mides se controla estos centros desde una perspectiva global e insistió en que el MSP se ocupará de lo sanitario. En base a El País